La reforma a las pensiones (que no al sistema) resulta un severo golpe a las personas más vulnerables, pues afecta a quienes tienen setenta años en adelante; en esta situación están alrededor de 4.5 millones de personas.
El actual sistema de pensiones, que técnicamente es de capitalización individual, tiene la finalidad de que las cuotas de retiro, cesantía y vejez que pagan los patrones, las propias personas trabajadoras y una pequeña aportación que hace el Estado, sean depositadas en una cuenta individual que tiene nombre y apellido para que al final de la vida laboral con esos recursos cada persona “compre” su propia pensión. La realidad es que no para todas las personas es sencillo hacer el trámite de una pensión y es muy complicado retirar de su AFORE lo que le corresponde.
La reforma establece que se transfieran los recursos (más de 40 mil millones de pesos) de las cuentas inactivas, entendidas como tales las que tienen más de diez años sin aportaciones y que sean de personas de más de setenta años. Una cuenta puede no tener actividad por diversas causas: la persona falleció y los beneficiarios no saben que tienen el derecho; las AFORE ponen una y mil trabas para no entregar los recursos que legalmente les pertenecen; un juicio les sale más caro que el recurso que tienen ahorrado; personas extranjeras que trabajaron en México y ya regresaron a su país; peloteo entre el IMSS y las AFORE sobre quién tiene la culpa, etc.
Lo que da origen a la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar es una iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, reforma que tendrá que esperar hasta la próxima legislatura. Razonemos lo siguiente: si por algún motivo la próxima legislatura no aprueba la reforma constitucional, ¿se regresarán los recursos a sus legítimos propietarios? Creo yo que no, porque no quedó establecida tal situación en los artículos transitorios, entonces ¿Qué harán con esos recursos? ¿Cuál fue la prisa de aprobar la reforma?
La buena intención de la reforma es que con ese fondo se les completará a los futuros pensionados una pensión que represente el cien por ciento de su último salario, es decir, con los recursos de una cuenta que tiene nombre y apellido se pagarán a otras personas desconocidas una pensión justa, lamentablemente para los incautados no habrá justicia.
Lo que urge hacer por parte de los patrones en sus empresas, cámaras patronales, sindicatos, colegios de contadores, colegios de abogados y otras asociaciones es hacer una difusión masiva para que todas esas personas desposeídas que tienen el derecho a reclamar sus recursos y orientarlas sobre cómo hacerlo. Pensemos que llegará el momento en que nosotros mismos podamos estar en esa situación.
Hay que recordar que esta reforma que quitará los recursos a las personas mayores de setenta años aplica para personas trabajadoras que tienen IMSS sean “Ley 73” y “Ley 97” y también a las que tienen ISSSTE que están bajo el esquema de cuentas individuales.
Gerardo Martínez
gerardo.martinez@consultoriaciss.com
