Los servicios del Corredor Público y sus beneficios para las empresas del país
El Corredor Público es un auxiliar del comercio que brinda a las pequeñas, medianas y grandes empresas servicios jurídicos para agilizar y dar certeza en sus negocios comerciales, así como ejercer personalmente su función con probidad, rectitud y eficacia, brindando un asesoramiento profesional e imparcial con la obligación de guardar el secreto profesional que le impone la Ley, lo que representa un elemento de confianza para quienes utilizan sus servicios.
El L.D. y Mtro. Julio Javier Zenteno Delgado es habilitado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, ejerciendo como agente mediador, perito valuador, asesor jurídico, árbitro y fedatario público, previo cumplimiento de los requisitos que le señala la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento.
Los beneficios de utilizar los servicios de un corredor público son:
Asesoría jurídica personalizada: el corredor público da a conocer opciones para efectuar actividades propias del comercio y orienta sobre las implicaciones legales de los negocios.
Pacto libre de honorarios: el corredor público puede pactar libremente el monto de sus honorarios con sus clientes, lo que permite lograr el mejor acuerdo para ambas partes.
Seguridad jurídica: el corredor público ha garantizado el debido ejercicio de su función y otorga instrumentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil que formaliza.
Confianza: el corredor público es imparcial en todos los negocios en los que interviene y está obligado a guardar el secreto profesional que le impone la ley.
Agilidad: el corredor público agiliza las transacciones comerciales por sus amplios conocimientos y experiencia en la materia mercantil y puede solucionar controversias mediante el arbitraje.
Un corredor público combina su formación legal con conocimientos específicos en el ámbito de las transacciones comerciales para actuar como intermediario imparcial, garantizando la legalidad y seguridad de los actos y contratos públicos.
